La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de otro periodista en Brasil ocurrido en menos de una semana, al tiempo que solicitó públicamente a la presidenta Dilma Rousseff, concentrar esfuerzos para la creación de una jurisdicción especial para procesar crímenes contra periodistas y de órganos a nivel federal para proteger a reporteros y fotógrafos en riesgo.

    El periodista Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, de 51 años, se desplazaba la noche del domingo en su vehículo en la ciudad fronteriza con Paraguay, Ponta Pará, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cuando fue alcanzado por motociclistas que le dispararon en cinco ocasiones. El comunicador, conocido como Paulo Rocaro, falleció la madrugada del 13 de febrero en un hospital de la zona adonde fue trasladado. Era editor en jefe del diario Jornal de Praça y fundador del sitio de internet Mercosulnews.

    Cardoso Rodríguez es el tercer periodista muerto en Brasil este año. El 9 de febrero, fue asesinado el editor del sitio de internet Vassouras na Net, Mário Randolfo Marques Lopes en la localidad de Barra do Piraí en Río de Janeiro. También bajo investigación se encuentra el caso del reportero radial Laécio de Suza, muerto en Bahía el 3 de enero. Desde 1987 a la fecha, 41 periodistas han sido ultimados en el país, cuatro de ellos en 2011.

    El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, condenó el hecho y al tiempo que reconoció la defensa que la presidenta Rousseff ha hecho de la libertad de prensa durante su gestión, dijo que “es necesario que el gobierno federal asuma este tema de los asesinatos en todo el país, ante un marco de impunidad que incentiva mayor violencia y expone a otros periodistas en riesgo”.

    Mohme, director del diario La República, de Lima, Perú, expresó que la SIP ha insistido en crear mejores herramientas para combatir la violencia y la impunidad en América Latina. Entre otras medidas, la institución solicitó crear jurisdicciones especiales para procesar delitos y crímenes contra periodistas, así como sistemas eficientes de protección, aplicar penas más severas contra quienes atenten contra la libertad de expresión y, en casos que lo amerite, que se federalicen esos delitos.

   La SIP recordó que en el Congreso de Brasil están pendientes varios proyectos de ley sobre la materia. Entre ellos, nombró una propuesta de enmienda a la Constitución que fija la competencia de jueces federales para procesos relacionados a crímenes contra periodistas; una reforma al Código Penal que da prioridad a casos de delitos contra periodistas; y otro proyecto que asigna a la Policía Federal la investigación de estos crímenes para mejorar la eficiencia de proteger el derecho a la información.

    Varias de estas iniciativas se originaron en mayo de 2010 durante el encuentro “Fallas y Brechas de la Justicia: cómo evitar la impunidad en los crímenes contra la prensa”, organizado por la SIP en Río de Janeiro, en conjunto con la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji, siglas en portugués) y la Pontificia Universidad Católica (PUC-Rio).

    Para combatir la impunidad de este tipo de crímenes, en reiteradas ocasiones la SIP ha elevado los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De 27 casos presentados, 11 de ellos pertenecen a periodistas asesinados en Brasil, como el de Manoel Leal de Oliveira, sobre el que la SIP alcanzó un acuerdo amistoso con el Estado, tanto a nivel del estado de Bahía como del federal.

    En 2009 a instancias de la CIDH y a petición de la SIP por ese acuerdo con Brasil, se realizó en Bahía un acto de reconocimiento en el que se honró la memoria del periodista. El Estado también se comprometió a investigar otros 10 casos de reporteros asesinados.

(Agencia Newsletter, Sociedad Interamericana de Prensa)